(semanaeconomica.com) La propuesta para que las comunidades aledañas a un proyecto minero tengan participación en las iniciativas ha suscitado temor en el sector minero. No es para menos. Al contexto de precios bajos se suma otro factor de incertidumbre. En el Perú sólo una empresa cuenta con un proyecto de esta clase y durante esta semana comunicó que tuvo que detener el avance del proyecto hasta que se aborden ciertas preocupaciones de la comunidad.

LA PROPUESTA

El 3 y 4 de setiembre se reunirán los principales CEOs del sector minero y representantes del Ministerio de Energía y Minas. Se les propondrá que las comunidades adyacentes a los proyectos mineros tengan una participación minoritaria en el mismo. En los últimos días, esto ha generado diversas reacciones. “Es una propuesta jalada de los pelos”, señaló Roque Benavides, CEO de Buenaventura.

Para Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo (SNMPE), el sentido de la convocatoria es establecer una forma de actuar conjunta para que el beneficio de la actividad minera llegue a las comunidades. “Se debe buscar la manera de viabilizar los proyectos y hacer que los beneficios lleguen a la comunidad. Que se distribuya el canon donde se realice la extracción”, señaló.

¿MEDIDA ADECUADA?

Para Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB y bloguero desemanaeconomica.com la inversión en acciones mineras es para aquellos que tienen excedentes de capital y son amantes del riesgo, no para una comunidad minera que no cuenta aún con un acceso determinado a servicios básicos. “De hecho las comunidades ya son socias de las mineras de manera indirecta, pues si las mineras tienen las utilidad, el 30% va al Estado en un impuesto a la renta y el 50% de esos impuestos va a la región y a las municipalidades cercanas”.

Por otro lado, si bien medidas similares se aplican en otros países, el contexto no es el mismo y no sería lo más adecuado para el Perú.“Esta modalidad aparece en países como Canadá, en que una comunidad o nación originaria es dueña de un territorio extenso, muy alejado de áreas de densidad poblacional. No hay nadie más que ellos”, señala a SE José Luis López, consultor en diálogos y conflictos del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible. “Esto no es aplicable en el Perú porque no hay mina en el Perú en que sólo exista una comunidad en la zona de influencia y no exista otra aledaña”, agregó.

Además, existe el riesgo que las comunidades no respeten los convenios que puedan acordarse. Un caso emblemático es el de la minera Xstrata Tintaya. En setiembre del 2003 la empresa firmó un Convenio Marco con la población de Espinar en el que se compromete a entregar en forma voluntaria el 3% de sus utilidades anuales a la municipalidad provincial, con el fin de desactivar el conflicto que se arrastraba desde el 2001. Sin embargo, en mayo del 2012 la población exigió el aumento de los aportes del 3% al 30%.

NO TODO ES COLOR DE ROSA

No hay una operación que trabaje bajo el esquema propuesto. Sólo hay un proyecto: el proyecto de oro Ollachea, de Minera IRL. La comunidad será la primera en recibir el 5% del accionariado del proyecto cuando se inicie la producción.

Este modelo incluso fue reconocido por la PCM y Cofide. “Gracias a este modelo que fue reconocido incluso por la PCM, Cofide nos apoya en la aventura para financiar el proyecto” señaló a SE Diego Benavides, director ejecutivo interino de Minera IRL en junio, cuando la compañía obtuvo el crédito puente por US$70 millones estructurado por Cofide con el fin de obtener un crédito senior de hasta US$240 millones que les permita construir el proyecto.

Sin embargo, el último lunes la empresa emitió un comunicado en que anunciaba “que la comunidad ha suspendido su apoyo a las actividades de desarrollo del proyecto Ollachea”. La comunidad expresó sus inquietudes sobre el estado de los planes de la compañía para reorganizar su estructura de gestión luego de los cambios directivos por los que pasa la empresa, al ser nombrado como nuevo presidente de la empresa Darys Hodges. El ejecutivo anunció cambios, los cuales han sido considerados por la Comunidad como una falta de respeto a los acuerdos que durante ochos años tuvieron con los dueños fundadores Diego Benavides y Courtney Chamberlain, este último fallecido el pasado abril. En el comunicado la compañía reitera sus compromisos; sin embargo se encuentra a la espera de las decisiones que pueda tomar la comunidad.

Esta incertidumbre genera riesgos para el proyecto. La compañía no puede iniciar el programa de perforación de exploración de 5,000 metros previsto para agosto, así como la negociación de contratos. Además, aumenta el riesgo de completar el financiamiento por US$240 millones.

MÁS ALLÁ DEL CORTO PLAZO

En un contexto de precios bajos que dificultan la ejecución de proyectos, es relevante reducir nuevas potenciales causas de incertidumbre. “La minería está en crisis. La oportunidad no puede ser peor”, señala a SE Miguel Cardozo, CEO de Altura Minerals.

“Desde un inicio el gobierno ha intentado generar mecanismos que repartan los beneficios de la minería a las comunidades a través de la renegociación de esquemas tributarios. El flujo de dinero ha sido muy grande; sin embargo, los recursos han sido muy mal utilizados”, agregó Cardozo.

Queda esperar las propuestas que se planteen y que el análisis se de en un contexto de largo plazo. Es importante recordar lo que comentó Benavides, de Minera IRL, a SE en junio cuando obtuvo el crédito puente con Cofide: la participación de la comunidad es una fórmula que, si bien funciona para ellos, no puede aplicarse a todos.“Es un resultado excelente para la comunidad y nosotros como socios, pero no es una fórmula que pueda o deba aplicarse a otras situaciones porque cada comunidad tiene su propia problemática”, enfatizó.