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Proyecto Tía María

Proyecto TÍA MARÍA: Aún flamea la bandera del rechazo

Destrabe complicado. A dos años del conflicto, Southern intenta obtener la licencia social para el proyecto minero en la provincia de Islay con el programa Valle Unido. Pero cuesta que las heridas cierren. Aún son visibles las resistencias.

(LaRepública) “Agro sí, mina no”. Ese es el lema de rechazo al proyecto Tía María, que consiste en explotar dos tajos de cobre en la costa desértica de Arequipa. La consigna aparece impresa en banderas verdes fosforescentes izadas en las viviendas de Cocachacra. Es lo primero que llama la atención de cualquier foráneo que arriba a este distrito, el corazón del valle de Tambo y desde donde se articularon las protestas contra dicho proyecto minero de la compañía Southern Perú.

Son los mismos emblemas que portaban los pobladores hace dos años en las manifestaciones, cuando el Gobierno aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María. El saldo de esas protestas fueron varios muertos y miles de pérdidas materiales.

Fernandina Quispe no es del valle. Llegó hace cinco años de Espinar-Cusco para trabajar en los quehaceres del campo. Le pagan 50 soles diarios de jornal. Así como ella, decenas de jornaleros participaron activamente en las protestas. Según ella, la minería arrasará con el agro.

Son dos rajos de cobre, La Tapada y Tía María, ubicados a 2,5 y 4 km del valle que contaminarán los campos. La minera ha garantizado una serie de medidas de mitigación para proteger el medio ambiente; sin embargo, el debate técnico a estas alturas tiene oídos sordos. Los opositores quieren que Southern se vaya. Es un conflicto con la compañía. Algunos dirigentes no descartan minería en Islay pero excluyendo a la compañía de capitales mexicanos.

La sensibilidad anda a flor de piel. Recientemente, el presidente ejecutivo de la minera, Oscar González Rocha, declaró que estaban listos para poner en marcha el proyecto. Hubo una manifestación pública para rechazar esta declaración aunque no con la convocatoria de años anteriores.

El gremio empresarial de la provincia de Islay siente que con estas posturas, Southern atiza el conflicto.

Jorge Zuzunaga, presidente de la Asociación Civil Islay al 2021, califica que estas actitudes de González son lamentables. Zuzunaga aún recuerda la forma cómo se llevaron a cabo los talleres para explicar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en 2014.

En las charlas, los técnicos de la minera hablaban en términos técnicos y tan rápido que no se les entendía. “Todos nos mirábamos las caras y cuando preguntábamos nos respondían con otras cosas distintas”, señala.

Para el empresario, esta es una de las principales razones por las que el proyecto no despegara. “Tampoco dejaban ingresar a más gente al local”, agrega.

Sin embargo, también acusa a los líderes de la protesta antiminera de politizarla en beneficio propio.

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, reconoce que bajo el lema de “Agro sí, mina no” el pueblo eligió a varios dirigentes en la provincia de Islay para la defensa de la agricultura en las elecciones municipales, no obstante, admite que los engañaron.

Se refiere al actual alcalde de Cocachacra, Helard Valencia Juárez, al vacado burgomaestre de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz Gallegos, la primera autoridad de la Punta de Bombón, José Ramos Carrera y el alcalde provincial Richard Ale Cruz.

“Esas autoridades han quebrado la voluntad del pueblo y ahora se han vendido a la minera”, dijo Cornejo.

PIENSAN EN TÍA MARÍA

En la avenida Libertad, la principal de Cocachacra, hay hoteles, restaurantes, discotecas, tiendas y farmacias. Son negocios cimentados con la expectativa del destrabe de Tía María. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Islay, Lorenzo Quea Selis tiene su propia interpretación del conflicto. Afirma que los oriundos del valle son pacíficos y quienes hacen resistencia a la inversión minera son “los migrantes” de Puno, Juliaca y Cusco. Los foráneos trabajan de jornaleros y otros alquilaron las tierras a los viejos agricultores.

Aunque esa versión la contradice Juan Núñez Gallegos, un agricultor de 70 años. Toda su vida se dedicó a la agricultura en el distrito de Deán Valdivia. Tampoco quiere la mina. Teme que sus sembríos de ajo, papa, arroz y cebolla sean arrasados por la contaminación. “Para que entre Tía María tiene que tener la licencia social y no se la vamos a dar, el rechazo aquí es unánime”, señala.

Por el momento, el valle vive en paz. La minera trabaja en su programa de socialización. El Gobierno dice que Tía María no obtendrá su licencia, mientras no resuelva un lío judicial por una superposición de la concesión de Pampa Cachendo, donde montarán sus instalaciones.

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