Esta publicidad se cerrará en segundos Cerrar
Michiquillay

La paradoja de la minería en Perú: permisología y conflictos sociales

Estrategia Consultores elaboró un estudio en el que se explica cómo el ingreso de proyectos millonarios multiplicó los conflictos sociales y el número de regulaciones en el país.

La realidad peruana tiene una paradoja, al menos la minera. La última década Perú fue testigo de la llegada de millonarios proyectos de inversión a zonas de extrema pobreza, sin embargo en no pocas ocasiones estos fueron rechazados de manera violenta y, a medida que crecía la inversión, lo hacían los conflictos.

El de Minas Conga (2011, Cajamarca), por ejemplo, paralizó un inversión por US$4.800 millones y murieron cinco personas; el de Tía María (2011-2015, Arequipa) detuvo US$1.400 millones y murieron siete personas, mientras que en el de Las Bambas (2005-2016, Apurimac) se paralizaron US$10.000 millones y ya suma tres fallecidos.

Lo anterior es parte de los hallazgos del estudio “Cómo estamos en permisología: inversión, conflictividad y sobrerregulación en minería”, elaborado por Estrategia Consultores y presentado recientemente por la consultora peruana.

En lo medular, destaca el documento, en Perú existe una relación directamente proporcional entre el crecimiento de la inversión minera, los conflictos y la permisología.

“A medida que la inversión va creciendo, pegada van los conflictos socio-ambientales y la cantidad de trámites. Al final se produce una relación perversa, pues la inversión minera decrece por efecto de los precios de los metales, pero se quedan pegados los conflictos y la regulación”, explica Rafael Valencia, presidente del Grupo Estrategia Consultores.

En lo concreto, el número de conflictos sociales se incrementó drásticamente desde el 2008, año en que los casos reportados nunca excedieron los 100. Posteriormente, detalla el estudio, estos se multiplicaron en un 300%. Además, mientras que en 2004 los conflictos abarcaban solo cuatro regiones del país, en 2010 ya se habían expandido a los 24 departamentos.

“Como se puede observar, son los mismos años del boom económico nacional, impulsado especialmente por la minería. Por otro lado, entre el año 2006 y el 2011, se registraron 195 muertes por conflictos sociales, 165 civiles y 30 policías, mientras que el número se redujo a 50 entre el 2011 y el 2016. En total, casi 250 personas han fallecido en conflictos sociales en el Perú en los últimos diez años, lo que significa, en promedio, 25 cada año y dos al mes”, afirma el documento.

Una encuesta realizada a empresas mineras sobre las causas de la detención de los proyectos de inversión en el sector y su grado de importancia situó a los conflictos sociales (23%), junto con las decisiones estratégicas de la casa matriz (23%), como las principales causas de la postergación de la inversión minera.

Más atrás aparecen los menos precios de los commodities (17%), los mayores costos de operación (13%), los trámites en gobiernos sub-nacionales (6%) y los trámites en gobiernos nacionales (5%).

Actualmente, según indica el documento, existen 15 proyectos que se encuentran paralizados por conflictos mineros.

Permisología

La respuesta gubernamental a la creciente conflictividad se ha centrado, fundamentalmente, en aumentar el número de las regulaciones en torno a la industria extractiva, llegando a un escenario actual, caracterizado por una sobreregulación, según identifica “Cómo estamos en permisología”.

Desde el año 1996 hasta el 2012 los nuevos trámites acumulados vinculados al sector minero han ido aumentando desde seis hasta 28, ante las diversas autoridades relacionadas con este sector productivo.

En febrero de 2016 la Contraloría General de la República presentó un informe en el cual se destaca que hay 31 trámites referidos a procedimientos críticos que afectan la actividad minera. También se crearon ocho entidades públicas: dos ministerios (Mincul y Minam) y seis organismos reguladores (ANA, OEFA, Osinfor, Sernamp, Senace, Sucamec).

“Si se fijan, los proyectos que han tenido problemas en llevarse adelante luego, en cada uno de ellos, se ha creado una institución regulatoria o fiscalizadora; el Senace, por ejemplo, para el caso de Minas Conca”, ejemplifica Valencia.

Permisología en Chile, Colombia y Perú

Para intentar determinar cuan complejo puede ser en Perú la tramitación de los proyectos de inversión, el estudio realiza una serie de comparaciones con la realidad chilena y la colombiana.

Al respecto, el informe concluye que a diferencia de países como Colombia y Chile, el acervo regulatorio del Perú es “copioso y engorroso”.

“Procesos como el otorgamiento de certificaciones ambientales para actividades de exploración demoran 19,4% más de tiempo comparado con Colombia y hasta 138% más en relación a Chile. En el caso de explotación minera, Perú tiene procesos de aprobación más engorros, hasta en un 34% más de tiempo en relación al caso de Colombia y 7,5% en el caso de Chile”, establece el texto.

Pese a lo anterior, el Instituto Fraser ubicó a Perú como el mejor país en América Latina y el Caribe para el desarrollo de actividades mineras. Este índice señala que el país se encuentra en el puesto 28 de 96, con un puntaje de 73,47 que lo sitúa por encima de Chile que mantiene un puntaje de 69,66.

No obstante, advierte el informe de Estrategia Consultores, el índice es el producto agregado de la combinación, de la opinión de empresarios mineros en relación al potencial geológico (Best Practices Mineral Potential Index) para la producción minera y las políticas de atracción de capitales de inversión (Policy Perception Index).

Según el Instituto Fraser, la percepción respecto a la calidad de las políticas tiene un peso del 40%, mientras que el potencial geológico un 60%. Es por esta razón que Perú se ubica por encima de varios países de América Latina en cuanto a la atracción que genera para potenciales inversiones extranjeras.

Sin embargo, en cuanto a las percepciones de políticas favorables, la exploración minera de Perú cae al puesto 8, con 69,54.

En dicho índice, Chile se ubica en el segundo lugar con 78,68 puntos. “Esto quiere decir que en el país, tal como lo sugiere el Instituto Fraser, indicadores tales como inestabilidad política, aplicación oportuna y correcta de regulaciones existentes, duplicidad regulatoria, inestabilidad en relación a las concesiones mineras o determinación de áreas protegidas, data geológica disponible y seguridad, afectan de forma importante el atractivo del Perú como destino para la exploración minera”, concluye el documento.

Temas Asociados