Iniciativas sobre cómo gestionar -de la mejor manera- un proyecto minero formaron el corazón del Seminario de Minería Sustentable, que se llevó a cabo en la segunda jornada de Expomin 2018.

Hubo dos temas que marcaron la pauta: la importancia que tiene la comunicación en la relación entre actores del sector, y la necesidad de facilitar y mejorar los trámites de evaluación ambiental que involucran un proyecto.

El subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, señaló el interés que tiene el actual gobierno por llegar al desarrollo en ocho años, donde la minería cumple un papel fundamental. “No nos interesa cualquier minería, queremos una minería sustentable y con buenas relaciones con las comunidades”, manifestó, recordando que el Ministerio creó una unidad de desarrollo sustentable para acompañar al inversionista minero.

La propuesta que compartió Álvaro Garcia, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero, converge con lo manifestado por Terrazas. La idea es tener una Oficina de Coordinación con dos ejes: por una parte, la coordinación de proyectos de inversión, donde el objetivo es dar certeza a los inversionistas y a las comunidades. Y por otro lado, el diálogo permanente que debe haber con el territorio, donde los proyectos se involucren en el desarrollo territorial y la aceptación social.

Las funciones de esta oficina serían: operar como una única ventanilla de coordinación, evaluar oportuna y eficientemente, introducir mejoras al sistema, cumplir con transparencia y constante cuenta pública a las partes interesadas.

Danae Mlynarz, gerente de Proyecto de Alianza Valor Minero, ahondó en el problema de “fatiga de diálogo” que se genera entre los actores de la industria: la empresa, la comunidad, servicios públicos y gobierno local. Para ello, dijo, la solución es el Diálogo Institucional Territorial.

Experiencia canadiense

En la oportunidad también se conoció la experiencia canadiense en este ámbito. Megan Nichols, directora general de la Unidad de Política y Economía de Recursos Naturales del Gobierno de Canadá, expuso sobre la gestión que realiza la oficina de proyectos del Gobierno de Canadá, la cual tiene actualmente 89 iniciativas que incluyen grandes operaciones mineras y donde uno de los frecuentes problemas para las empresas es enfrentar la evaluación medioambiental.

Comentó que en 2017 tenían una oficina para mejorar sistemas de revisión donde se contemplaban cuatro aspectos: la predictibilidad (reducir el tiempo de demora), mejorar la transparencia para el público (donde se requiere de neutralidad), entregar coordinación en el proceso y atender consultas indígenas.

Hizo ver que uno de los desafíos fue que los departamentos del gobierno colaboraran con esta oficina. Por tal motivo, crearon un ministro que los representara y, por otra parte, buscaron que las personas compartieran información.

Reveló también que parte de los éxitos adquiridos en la gestión de esta oficina se debían a la reducción en los tiempos objetivos (desde 2007 hasta ahora, se redujeron de cuatro a dos años). Y adquirieron un mayor rol en las reformas.

Desde las comunidades

Del mismo modo, Wilfredo Bacián, presidente de la comunidad indígena Quipisca, relató la realidad que le tocó vivir en su territorio sobre el proceso de diálogo y la gestión comunitaria con las empresas mineras.

De acuerdo a su experiencia, es relevante saber cuál es el impacto de la inserción de estos proyectos en el territorio, un factor que ellos desconocían. “Me costó un poco convencer a las comunidades. Empezaron los ‘tira y afloja’ con la empresa”, recordó.

Recalcó la importancia de garantizar la participación de los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos.
Y en este contexto, manifestó que existe “un divorcio” entre la realidad territorial y las políticas de Estado, subrayando que lo que han logrado avanzar ha sido gracias a sus propios esfuerzos (como comunidad).

Finalmente, Juan José Obach, director de la oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, opinó que “la burocracia está asfixiando al país”. Los proyectos de inversión requieren más de 230 permisos y “este factor” complejiza sacar adelante una iniciativa y afecta la inversión, dijo.