(La Nación) Companhia Vale do Rio Doce, más conocida como Vale, es una de las mayores empresas en Brasil y la principal exportadora mundial de mineral de hierro.

Fue creada en 1942 como empresa pública del Gobierno Federal de Brasil, aunque en 1997 la mayoría accionaria pasó a manos privadas. Con sede central en Río de Janeiro, la empresa emplea a 69.300 personas y tiene oficinas en más de 10 países, incluidos China, Suiza, Canadá, Australia y Perú. Ya en 2015 fue denunciada por una presunta responsabilidad en la catástrofe socio-ambiental provocada por la rotura de una presa de material de desecho de una mina en el estado de Minas Gerais.

Luego de que se conociera el colapso de su represa en Minas Gerais, las acciones de la compañía cayeron hasta un 8% en la bolsa de Nueva York.

En la Argentina, la empresa hizo su entrada en el país el 30 de enero de 2009, tras comprar por US$1.600 millones el proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, Mendoza. Sin embargo, su actividad no fue duradera. Menos de cuatros años después, el 13 de marzo de 2013, la minera ordenó a sus contratistas “desmovilizar los campamentos”, lo que significó el despido inmediato de no menos de 6.000 empleados, entre puestos directos e indirectos.

Entre los problemas que incidieron en el fin del proyecto estuvieron la caída del precio internacional del mineral y el aumento de sus costos locales, atados en ese entonces al dólar blue, mientras que los capitales ingresados para las inversiones eran comprados por el Banco Central al tipo de cambio oficial.

En un primer momento se consideró que el Estado nacional, por intermedio de la ex Enarsa -ahora llamada Ieasa-, se hiciera cargo del proyecto. Pero finalmente el Gobierno no intervino y Potasio Río Colorado quedó abandonado. La minera brasileña nunca volvió a reactivalo, aunque hace dos años indicó mediante un comunicado que buscaba un socio para compartir la inversión.

El proyecto de extracción de potasio para producir fertilizantes incluía, además de la mina en Mendoza, una vía férrea y una terminal portuaria en Bahía Blanca, y tenía previsto un costo de US$6.000 millones.