La minería ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía argentina en las últimas dos décadas y tiene potencial para continuar siendo protagonista en la actividad local. Una expansión del 4,2% promedio anual en los años recientes le ha valido alcanzar una participación del 0,7% en el PIB nacional en 2016 y el cuarto lugar como complejo exportador, con ventas externas que en ese año alcanzaron los USD 3.600 millones, (6,2% del total) y un aporte neto de divisas que superó los USD 3.300 millones.

Hoy el empleo que genera (directo e indirecto) supera los 76.000 puestos de trabajo. No obstante, la relevancia de esta actividad como creadora de puestos de trabajo no se limita al número sino a la estratégica distribución geográfica de la ocupación que genera: en un país con una alta concentración urbana, el sector cumple un rol fundamental a la hora de fomentar el desarrollo regional y reducir las disparidades territoriales existentes. El personal en mina (nómina y contratistas) puede llegar a representar el 18% del empleo privado registrado en Santa Cruz, el 8,3% en San Juan, el 7,4% en Catamarca y el 4,8% en Jujuy, un porcentaje significativo en provincias que son las más alejadas del centro del país.

Argentina cuenta con una ventaja importante con respecto a países de mayor experiencia minera: al encontrarse en una etapa incipiente de desarrollo del sector, aún quedan por explotar yacimientos de clase mundial, con una elevada ley mineral. No obstante, en un contexto de precios internacionales a la baja desde 2011, la inversión en el país ha caído incluso en mayor medida que el promedio global, tanto en lo que respecta a la exploración como a la construcción de nuevos proyectos. Esto ha sido producto de la falta de competitividad del sector, asociada en gran medida a factores macroeconómicos (aumento de costos en dólares, dificultades para acceder a insumos o girar dividendos) y regulatorios (esquema tributario y violaciones a la ley de inversiones mineras)

Los proyectos en condiciones de comenzar a producir en la próxima década suman más de USD 20.000 millones. La realización de los mismos es clave para reanimar la economía ya que con su puesta en marcha, la producción minera crecería a una tasa promedio anual de 4,6% hasta 2025.

Esta perspectiva de inversiones significativas, actividad creciente y generación de empleo depende de que nuestro país trabaje en diversos factores que afectan negativamente la competitividad de la minería local. En la actualidad, la macro ordenada, la eliminación del cepo y el acceso al financiamiento configuran un escenario más alentador para la llegada de inversiones. Pero los elevados costos logísticos, la baja productividad laboral, la regresividad del sistema tributario, y la ausencia de un marco regulatorio adecuado son las principales asignaturas pendientes que deben saldarse cuanto antes para posicionarnos como un destino atractivo para la inversión internacional.