Poco menos de dos años atrás, la minería era señalada como uno de los sectores más beneficiados por el giro en la política económica Argentina. Tanto la normalización del mercado de cambios como la eliminación de los derechos de exportación que gravaban la actividad hacían que muchos auguraran un futuro promisorio. Sin embargo, lo cierto es que los resultados han estado lejos de lo esperado. Las exportaciones del sector se mantienen relativamente estables en dólares, al mismo tiempo que el empleo directo (sin considerar contratistas) se redujo de 23.950 trabajadores en el primer trimestre de 2015 a 23.062 actualmente. ¿Qué ha ocurrido? Dos factores fundamentales deben ser tenidos en cuenta.

En primer lugar el cambio de ciclo coincidió con el ingreso de diversos proyectos a la etapa cierre, por lo que la baja de la actividad hubiera sido mayor de no implementarse estos cambios. Minera la Alumbrera, Pirquitas y Manantial Espejo, que proyectaban fechas de cierre entre 2016 y el primer semestre de 2017 expandieron su vida útil. Incluso se ha dado el caso de la reapertura de la mina de Casposo en San Juan, que había suspendido operaciones y reanudó a una menor escala tras la quita de derechos de exportación.

La postergación de cierres permitió sumar US$870 millones en exportaciones, e incluso desde el punto de vista fiscal se estima que los ingresos en concepto de regalías, ganancias, cargas sociales y aportes a empresas públicas compensaron el impacto de la eliminación de los derechos de exportación.

En segundo lugar, los obstáculos al desarrollo de nuevos proyectos no se limitan a la presión tributaria nacional. Al respecto, si bien el acuerdo Federal Minero fue presentando como una solución que podía incentivar la llegada de inversiones, el mismo no resuelve dos cuestiones fundamentales: la discrecionalidad provincial y las dudas que genera un marco ambiental poco claro.

Respecto al primer punto, si bien se determinaron mecanismos para unificar criterios para la aprobación de proyectos y resolver conflictos, no se limitó la participación de las empresas provinciales al capital aportado. A su vez, se perdió una oportunidad para corregir la regresividad del sistema tributario, que hoy sigue gravando mayormente ingresos en vez de ganancias, a contramano de lo que ocurre en el resto de la región.

Respecto al segundo, lo cierto es que la mayoría de los grandes proyectos se encuentra aun esperando definiciones sobre la ley que prohíbe la actividad en zonas de glaciares o ambiente periglaciar. La reglamentación de la misma deja grandes dudas a la hora de determinar qué se considera por ambiente periglaciar y el Instituto responsable de la realización del inventario de glaciares se encuentra atrasado en sus tareas.

Así, más allá del impacto positivo de corto plazo que han tenido las primeras medidas, estos dos obstáculos son suficientes para impedir el despegue de la minería incluso en un país como Argentina, que se encuentra dentro del top ten de territorios con mayores reservas de litio, oro, plata y cobre ycuenta con proyectos avanzados por más de US$ 20.000 millones de inversión. Si no se les da solución, el crecimiento se verá limitado al litio (ubicado lejos de las zonas de glaciares) y otros proyectos puntuales.

A futuro, los desafíos para el gobierno pasan por disipar las dudas de los inversores determinando con claridad el alcance de la ley de glaciares y favoreciendo un marco más claro a nivel provincial. Para acelerar las discusiones, la responsabilidad de los empresarios pasa por trabajar para lograr la licencia social y dejar en claro todo lo que la minería tiene para aportar en materia de desarrollo económico.