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Perú busca agilizar las inversiones

Tras la inestabilidad política y casos de corrupción que han afectado al país en los últimos años, los sectores público y privado apuntan a generar un nuevo marco que facilite la concreción real y efectiva de los nuevos proyectos mineros.

Que Perú cuenta con una riqueza geológica y vasta tradición minera no es novedad. Pero los últimos años de inestabilidad institucional, cruzada con escándalos de corrupción, están llevando el debate nacional a otro nivel. El tema es relevante, considerando que el país cuenta con una cartera de proyectos mineros por US$58.000 millones y que es segundo productor de cobre a nivel mundial (12%), entre otros metales donde también tiene posiciones destacadas, como el oro y la plata.

Esta preocupación por concretar la cartera de inversiones quedó clara en la sexta versión de la feria Expomina Perú, organizada por el Grupo Digamma en el Centro de Exposiciones Jockey Club de Lima, sobre un área de 47.000 m2. La feria consideró más de 1.270 stands y 30 delegaciones extranjeras. Hubo un total de 103 conferencias empresariales y se calculó la visita de más de 110.000 personas.

En el marco de esta cita, tanto el sector público como los empresarios llamaron a materializar consensos transversales para facilitar la concreción de los emprendimientos mineros.

2El Presidente Martín Vizcarra reafirmó su compromiso con la actividad minera y declaró el objetivo de su Gobierno: “De los US$58.000 millones en proyectos mineros, a 2021 queremos tener al menos concretados el 40%”.

No obstante, el Mandatario planteó que el camino no está asegurado, dados los rechazos a la actividad minera. “Hemos identificado que los beneficios para las áreas de influencia directa tardan en llegar. Quien está alrededor de la mina demora en ver esa tecnología de punta, al salir afuera encontramos comunidades que, por ejemplo, no tienen agua”, hizo ver Vizcarra.

El Presidente afirmó que el Gobierno está desarrollando un plan de adelanto social. “Allí donde llega la inversión, allí debe llegar el Estado con sus programas. Sin embargo, tenemos que arreglar problemas internos, como la necesidad de luchar todos contra la corrupción, y es una necesidad que tenemos a todo nivel”, indicó.

“Adelanto social”, la herramienta pro-inversión

Expomina Perú 2018 fue presidida por Javier Velarde, vicepresidente regional de Newmont Mining Corporation, quien sentenció la importancia de consolidar un nuevo marco regulatorio  y construir consensos público-privados para el progreso. Además, se refirió a “los momentos difíciles que atraviesa Perú en cuanto a la ética comercial: mientras la corrupción siga carcomiendo nuestras instituciones públicas, no podremos avanzar hacia el desarrollo”.

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En simultáneo con la feria se desarrolló la tercera Conferencia Internacional de Minería (Confemin), que fue abierta por Luis Rivera, vicepresidente ejecutivo de Gold Fields y presidente del Instituto de Ingenieros del Perú. El ejecutivo cuestionó el gerenciamiento de los proyectos: “Ustedes pueden ver los megaproyectos mineros y ver la calidad con que contamos. Pero no es así con la obra pública, hay altibajos. Lo curioso es que no lo hacen las entidades públicas, ellos sólo lo encargan a los privados. ¿Por qué hay diferencias en la ejecución en la obra privada y en la obra pública?”.

Javier Fernández,  ex viceministro de Gobernanza Territorial, analizó los problemas que tiene la actividad minera al ingresar en un territorio. “La permanencia es un factor clave en la estrategia de prevención. ¿Cómo entro a ese territorio evitando la conflictividad?”, preguntó.

El especialista comentó que la conflictividad ha aumentado en Perú. “Hay temas ambientales y geográficos, pero también existe una población, generalmente rural y andina, en muchos casos en situación de sobrevivencia. Se tiene que entender ese territorio y convivir con los actores económicos y sociales. Si no se entiende, será difícil evitar luego los conflictos”, aseveró. Fernández cuestionó que el Estado tampoco está presente en todo el territorio nacional; dijo que faltan autoridades políticas, sistemas de justicia, policía, etc. “Cuando la empresa entra donde no hay Estado, la población ve que la empresa reemplaza esas funciones”, observó.

Luis Inchaústegui, viceministro de Minas, explicó en detalle el Fondo de Adelanto Social (FAS), la herramienta para solventar las carencias que existen en las zonas donde se desarrolla la minería y que, en parte, provocan el rechazo a la actividad.

La autoridad sostuvo que el FAS empezará a funcionar en el primer trimestre de 2019, comenzando por la definición de las zonas de intervención. Recordó que el objetivo es financiar proyectos, iniciativas y/o actividades orientados a cerrar brechas sociales en espacios geográficos donde se llevan a cabo diversas actividades económicas.

El viceministro recordó que el FAS tiene un presupuesto de 50 millones de soles (unos US$15 millones) correspondiente a 2018. “La idea es que se sienta la presencia del Estado en las zonas de influencia de la minería”, finalizó.

5Chile, el “Invitado de Honor”

Chile fue designado “País Invitado de Honor” en Expomina Perú. Su representación se materializó con el pabellón Chile Mining, con un stand especial del programa Expande, además de la participación del ministro de Minería, Baldo Prokurica, y del director de ProChile, Jorge O’Ryan, entre otros.

Según declararon los organizadores de Expomina, Chile fue invitado para compartir sus buenas prácticas, en un contexto donde Perú necesita dar un salto cualitativo.

En este contexto, el ministro Prokurica resaltó los factores que han dado estabilidad a la inversión minera en Chile, así como destacó al capital humano. Aunque también la autoridad puso de relieve las barreras que enfrenta hoy la actividad, mencionando la escasez de agua y energía, la relación con las comunidades, las leyes decrecientes de minerales o una mayor producción de relaves que, estimó, alcanzarían a 1,5 millón de toneladas diarias.

Asimismo, puso especial atención en los dos proyectos de ley que abordan el tema de los glaciares. “En Chile, una eventual ley de glaciares podría dificultar el normal funcionamiento de varios proyectos de la gran minería y afectar la generación de empleo”, dijo, añadiendo que “de aprobarse las leyes de glaciares, el 20% de la minería en Chile se vería afectada. Hemos armado mesas técnicas para ver qué se puede hacer”.

Francisco Carvajal, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Minera Collahuasi, indicó que los desafíos cambian y que el de hoy es el de la productividad, “que es un flagelo en el caso nuestro en los últimos diez años, producto de la euforia que vivimos con los precios del cobre”.