(Paginasiete) El Gobierno de Bolivia amplió por dos meses el plazo para que las empresas interesadas en construir la planta de carbonato de litio, en el Salar de Uyuni, presenten sus propuestas. Esperan que hasta febrero se pueda firmar el contrato y luego arrancar con las obras de edificación.

“Lamentablemente, las empresas nos pidieron una postergación en la entrega (de las propuestas) de dos meses. Debían hacerlo este mes (noviembre) y se posterga para enero. Calificaremos y ojalá que podamos firmar hasta fines de febrero y empiece la construcción. Es una planta de 18.000 toneladas de carbonato de litio de alta pureza”, declaró el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Luis Alberto Echazú.

El Gobierno lleva adelante el proyecto de industrialización del litio y para esta planta tiene prevista una inversión que va entre los 100 y 110 millones de dólares y su producción será de 15.000 a 18.000 toneladas.

Este proyecto comprende varias fases, de las cuales fue concluida en su totalidad la primera con la implementación de las plantas piloto, que en este momento están en plena producción, según dijo Echazú.

Sin embargo, la apuesta del Gobierno es concluir con toda la cadena de producción hasta obtener baterías de litio. “Estamos en plena negociación con varios consorcios para que hagamos toda la cadena. Vamos a hacer sales como el hidróxido de litio, sales de potasio; luego una planta de materiales catódicos y con ella la de baterías, que es la última”, afirmó el viceministro.

Para ello, Echazú explicó que desean suscribir los contratos para cubrir toda la cadena de producción hasta fin de año. “Hablamos no sólo de una, sino hasta de cinco plantas, todas en Bolivia, que culmina con la planta de baterías. Es muy difícil decir tal mes (producirán las baterías); creo que hasta tres años y medio tendríamos la planta de baterías. Entre el 2020 al 2021”, agregó la autoridad de Gobierno.

La firma de contratos tomó su tiempo porque la “estrategia boliviana” establece que los socios deben garantizar el mercado. “Hace años parecía una quimera pero ahora los consorcios aceptaron las condiciones bolivianas y ofrecen el mercado, tecnología y la (propiedad con) mayoría del Estado boliviano, con un gerente boliviano”, agregó.