Una reducción de 79 días en los tiempos de tramitación de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) logró el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) de Perú, organismo creado en noviembre de 2015 para agilizar y dar eficiencia a la evaluación de grandes proyectos de inversión en el país, señaló Patrick Wieland, jefe de la entidad, en conversación con Latinominería.

“Hemos cumplido con evaluar todos los EIA y las modificaciones de EIA dentro del plazo; en el caso específico de minería, en 141 días hábiles. También hemos encontrado en nuestra evaluación algunos puntos de eficiencia y agilidad que nos han permitido ahorrar 79 días hábiles respecto a una muestra de las modificaciones evaluadas en el modelo anterior”, precisó Wieland.

La idea de un organismo que evalúe grandes proyectos de inversión no es nueva en la región, sin embargo, no todos la han materializado. En Chile, por ejemplo, una Comisión Asesora Presidencial sobre el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) recomendó, en junio de 2016, contar con un procedimiento diferenciado para proyectos grandes o complejos. Con la recomendación se buscaba agilizar la tramitación ambiental, que demora 270 días en promedio, una de las barreras de entrada de inversión identificadas por diversos actores de la industria minera.

Senace

El Senace tuvo sus orígenes, entre otras cosas, en la necesidad de generar confianza en los inversionistas y en la sociedad civil. “El contexto de la conflictividad social fue un catalizador para pensar en una entidad especializada que pueda legitimizar los EIA”, acotó Wieland.

A la fecha, el Senace ya registra varios logros, entre ellos, inversiones que en conjunto suman cerca de US$2.200 millones.

Por ejemplo, en agosto de 2016, aprobó el primer expediente para la modificación de un EIA-d en el sector minería. Se trató del proyecto presentado por la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. para modificar la Unidad de Producción del yacimiento ubicado en Arequipa, una inversión estimada de US$1.900 millones, proceso que completó en 143 días hábiles, dentro del plazo que prevé la legislación vigente.

En abril de este año, en tanto, el Servicio aprobó la modificación del EIA de un proyecto de la unidad minera San Rafael, principal productora de estaño en Sudamérica y tercera a nivel mundial. La minera es responsable de alrededor de 6% de la producción mundial.

Para lograr los plazos, señala Wieland, el Servicio tiene un grupo de trabajo de 42 evaluadores y 16 especialistas de nómina que pueden dedicar más de 1.500 horas/hombre para un EIA.

Actualmente, hay seis modificaciones a EIA de proyectos mineros por unos US$1.900 millones, donde destaca mina Justa, de Marcobre. Además, se han aprobado 43 de los 65 Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) ingresados por el subsector minero.

Organismo técnico, no político

“Senace desde su concepción fue creada pensando en optimizar la carga administrativa para los titulares de los proyectos, ya que es la encargada de implementar la Ventanilla Única de Certificación Ambiental. Realizamos un trabajo estrecho de coordinación interinstitucional para facilitar una evaluación ambiental más ágil”, explicó Wieland.

Todo esto se realiza a través de IntegrAmbiente, iniciativa aprobada en julio de 2016, con la que se integran hasta 14 permisos ambientales en el proceso de evaluación de un EIA-d.

Según indicó el Jefe del Senace, esto permite ahorrar tiempo en la tramitación de permisos a través de la utilización de la Ventanilla Única, que asegura un único puerto de entrada y de salida para los inversionistas.

“Los resultados de IntegrAmbiente confirman que la cooperación interinstitucional sí funciona y puede brindar grandes beneficios al país en reducción de tramitología y adelantamiento de plazos para inversiones estratégicas. Nos gustaría ver que las empresas mineras apuesten decididamente por este tipo de trámite que es una innovación que puede abrir un nuevo capítulo en cómo se llevan a cabo la permisología ambiental en el país”, añadió.

Esta integración se ha llevado delante de manera progresiva, comenzando en 2015 con los sectores de Minería y Energía para seguir en julio de 2016 con Transportes y este año con Agicultura y Residuos Sólidos. Weiland precisó que para 2020 esperan ser “la única entidad encargada de evaluar los Estudios de Impacto Ambiental de Perú”.

¿La evaluación que hace el Senace es vinculante y definitiva o existe alguna instancia política posterior a la que se pueda recurrir?

Es una entidad del Estado técnica y no política. Tenemos una Dirección de Certificación Ambiental que se hace cargo de las evaluaciones ambientales de todos los expedientes que recibimos. En caso el titular no esté de acuerdo con la decisión de la Dirección de Certificación Ambiental, es el jefe del Senace el encargado de revisar dicho cuestionamiento de manera imparcial e independiente, es decir, actúa como segunda instancia en el procedimiento administrativo.

Agotada la vía administrativa, el titular tiene la posibilidad de ir al poder judicial para impugnar la decisión.

¿Cuáles son los avances que se pretenden alcanzar este año y qué implican?

Este año nos hemos trazado dos metas muy claras, la primera es la implementación de la nueva plataforma informática para reforzar la evaluación digital. Esperamos que esté implementada para finales de este año.

El otro avance en el que estamos enfocados es lo que hemos llamado ‘EIA Optimizado’. Los EIA suelen ser descriptivos y voluminosos, pueden tener más de 20 mil páginas, lo que no permite priorizar adecuadamente los aspectos más relevantes de un proyecto. Queremos un EIA más analítico, con estructura y contenido que sea más fácil de comprender para los ciudadanos y más útil para los inversionistas. Este es un proyecto que se está trabajando con cooperación canadiense y esperamos avanzar en el segundo semestre de este año.

Finalmente, consideramos que la integridad y transparencia son pilares fundamentales de la evaluación ambiental que llevamos a cabo […] Nos hemos puesto como objetivo ser la primera institución ambiental del país en certificarse en la norma de sistema de gestión antisoborno ISO 37001, lo que nos va permitir identificar, evaluar y gestionar las malas prácticas de corrupción que potencialmente podrían generarse en nuestras labores. Ya venimos trabajando en ello y esperamos poder lograrlo en el primer semestre del 2018.