Ecuador es sin lugar a dudas un país con una historia minera de larga data. Mucho hemos escuchado sobre los inicios de esta actividad, la cual se remonta a la época Pre Incásica. Conocida es la historia respecto a la gran sorpresa del Inca Huayna Cápac en su incursión a los actuales territorios del Ecuador, en que pudo constatar el gran desarrollo orfebre que los Cañaris mantenían. Tomando como referencia al artículo “Breve Historia de la Minería en el Ecuador” realizado por Edgar Salazar M. conocemos que, principalmente su actividad minera tenía como objetivo la creación de figuras ceremoniales, objetos y adornos de alta calidad estética. La historia, principalmente recogida en la obra de Gonzales Suárez, nos habla de los múltiples encargos realizados por Huayna Cápac a esta cultura, y que se centraban en obras de oro de delicada ejecución. Probablemente el encargo más importante fue la elaboración de una larga cadena de oro, dicen que de aproximadamente doscientos metros, realizado por Túpac Yupanqui, hijo de Huayna Cápac, para homenajear el nacimiento de Huáscar.

Pese a que el país ha tenido una importante historia minera, no han existido políticas públicas estables y de largo plazo que permitan el desarrollo de una industria solida, tal cual ha sucedido con países vecinos. Prueba de esto es la supeditación del sector minero a un ministerio encaminado, casi exclusivamente, a regular y administrar el sector petrolero, el cual mantiene condicionamientos técnicos y políticas gubernamentales sumamente diferentes a las que deben determinarse para la industria de los metales. Es mas, me atrevería a decir que esa falsa asimilación ha generado en la actual legislación ciertas “aberraciones” que han complicado tremendamente al sector como es la aplicación del impuesto a los ingresos extraordinarios o “windfall tax”, impuesto ya inexistente en el ámbito minero mundial y que aún se encuentra recogido en la legislación ecuatoriana generando una sombra que por supuesto espanta a quienes se sienten atraídos a invertir, debido principalmente a la riqueza geológica del país.

Puedo decir, sin temor a equivocarme, que históricamente la falta de interés y políticas publicas apropiadas del sector gubernamental a una industria tan importante como la minera, ha traído consigo el desentendimiento y falta de comprensión, a todo nivel, de lo que significa el desarrollo de actividades mineras industriales. Creo también poder decir que la falta de fomento a la minería industrial en el país, ha traído consigo el crecimiento desmesurado y desordenado de una pequeña minería que ha aumentado exponencialmente a diferencia de lo que ha ocurrido en países evidentemente mineros e incluso vecinos, que es el desarrollo de actividades mayormente de gran minería.

Resulta evidente también que la falta de actividades formales en el país ha generado, lamentablemente en los últimos años, un desmesurado crecimiento de la mal llamada “minería ilegal”, inundando por doquier esta actividad ilícita que no genera ningún tipo de beneficios. Esta extracción irregular de minerales ha producido una huella irremediable en el medio ambiente, en zonas muy conocidas como Zaruma, Río Santiago en Esmeraldas y Congüime en Zamora, entre otras.

Queda, lamentablemente, en el imaginario de la gente, que estas actividades irregulares son minería. Nada mas ajeno a la verdad y a la realidad y en lo cual el sector sigue trabajando de manera incansable en hacer notar sus profundas diferencias. Los altos condicionamientos de una industria minera responsable, nada tienen que ver con actividades ilícitas que han generado graves impactos a las zonas en que se desarrollan y las cuales han ido en franco crecimiento. Cierta es la premisa que donde no existe minería formal, campea la ilegalidad.

Para redundar, vale la pena hacer notar al lector que al momento NO existen proyectos mineros industriales en producción y que aquellos proyectos que se encuentran ahora a puertas de esta fase, han debido pasar largas etapas exploratorias para llegar al sitial en el que se encuentran. La exploración minera es sin lugar a dudas una de las mas largas y riesgosas, teniendo como media en el mundo que de cada cien proyectos mineros de exploración, uno puede resultar en un proyecto minero exitoso de producción. Esto quiere decir, por lo tanto, que mientras mas se explore, mayor posibilidad existe de encontrar futuros yacimientos mineros que entren a fase de producción. También significa que de el cien por ciento del territorio otorgado para exploración, solamente el 0,01% entraría en producción.

La exploración minera, como se ha indicado ya, es una actividad de alto riesgo y que no necesariamente terminará en proyectos de producción, la cual debe masificarse y fomentarse en el país. Esta actividad finalmente genera encadenamientos productivos, intercambio de conocimiento, puestos de empleo en zonas alejadas a centros urbanos y la atracción de capitales de riesgo que se han manifestado interesados en acudir al país, dada su alta e importante riqueza geológica. Esto, añadido a que los impactos ambientales generados por la exploración, son muy limitados y controlados. Es por todos estos motivos que el otorgamiento de grandes extensiones de terreno destinadas para la exploración, no debe ser satanizada, sino impulsada como una política publica de generación de valor. Una planificación coherente y debidamente regulada de áreas a ser destinadas para exploración debe ser una labor y una política permanente de las autoridades de gobierno. Mientras más se explore, mayor posibilidad tendremos de encontrar futuros proyectos en producción y que son, sin duda, el fin primordial de toda política minera gubernamental que propenda a la consolidación de un sector saludable que aporte de manera significativa al desarrollo económico del país.

El fin de toda actividad exploratoria es sin duda la búsqueda y hallazgo de yacimientos mineros que puedan ser explotados y que finalmente generen grandes cifras y beneficios para el país y para las comunidades asentadas en las cercanías de esos proyectos. Esta fase de la actividad, es la más demandante de capital y en el que las compañías mineras deben poner la mayor atención, tecnología y responsabilidad, como es el caso de los tres proyectos emblemáticos que le darán al país importantes cifras en lo que tiene que ver con inversión extranjera directa, generación de empleos e impuestos para sostener una economía altamente endeudada, entre otros. Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco son la muestra palpable de que es posible hacer minería industrial responsable contando con altos estándares, tecnología y cuidado medioambiental.

Las cifras que el sector minero industrial viene aportando a la economía del país son importantes y lamentablemente se contrastan con un amplio desconocimiento, a todo nivel intelectual, de una industria naciente en el Ecuador y que ha demostrado en otras latitudes, que puede generar un importante desarrollo si es comprendida en su concepto amplio y en una realidad actual en la que prima le tecnología y aplicación de buenas prácticas.

No es propio de la minería moderna la arcaica discusión de minería o agua. Tuve la oportunidad de leer hace poco los datos emitidos por la Autoridad del Agua del Perú ANA sobre el consumo de este líquido vital en el período pasado. Del 100% de la demanda de agua en el país (26.080 millones de m3), el sector metálico requiere solo el 1,04%, es decir, 272,53 millones de m3, cifra muy inferior  a los porcentajes usados por la agricultura (88,8%), población (8,89%) e industria (0,95%). Esta realidad bastante cercana ha logrado desvirtuar con hechos uno aquellos mitos que dice que el uso y gestión del agua son incompatibles con la minería moderna. Se ha demostrado que este  mito es absolutamente falso. Podemos citar como ejemplo lo que ha ocurrido en Cajamarca, en donde a pesar de las intensas falsedades del radicalismo anti minero, se ha venido produciendo un proyecto comunitario importante que ha permitido que se abastezcan a numerosas familias que en el pasado no tenían acceso al liquido vital. Todo esto propiciado por una empresa minera que ejecuta sus actividades en la zona.

Lamentablemente en el Ecuador, sectores sociales, cegados por posturas ideológica radicales y ambiciones políticas, se han organizado alrededor de movimientos anti mineros con el fin de propiciar un país libre de minería metálica. Estos grupos han venido divulgando mitos y falsedades potentes que, sumadas a la falta de conocimiento del sector, han logrado elevar alertas falsas e inconsecuentes, teniendo lamentablemente eco en varios estratos políticos del país.

Otra de las mentiras propiciadas por estos grupos, manifiesta que la gran minería traerá efectivamente contaminación a gran escala. Que si el país ha vivido procesos de contaminación por efecto de la “minería”, hacerlo a escala mayor simplemente acrecentará el impacto al medio ambiente. Al respecto vale la pena reiterar el hecho de que no existen en el país proyectos mineros industriales en producción. Ha existido si, proyectos importantes de pequeña minería, minería poco tecnificada y explotación ilegal de minerales. Los altos condicionamientos de permisología, así como el otorgamiento de licencias ambientales rigurosas, garantizan un cuidado propicio del medio ambiente.

Otra de las mentiras generadas, es que la minería industrial no genera empleo. Nada más desapegado a la realidad que esa aseveración que se vence por su propio peso y por las importantes cifras que el Ministerio de Minería viene anunciando. Solamente dos de los grandes proyectos mineros que están ingresando en la fase de producción, emplean a mas de dos mil personas al momento. Importante hacer notar que es el sector minero el que mayor encadenamiento genera, debido a que es una industria altamente demandante de bienes y servicios. El ratio actual es que en Ecuador se generan tres empleos indirectos y que se relacionan directamente con cada proyecto, por cada trabajador que realiza sus actividades directamente en los proyectos mineros.  Estas cifras nos hacen notar una realidad sin duda importante y que se incrementará en la medida en que nuevos proyectos vayan entrando en fase de construcción. Las cifras proyectadas nos hablan de que el sector minero industrial generará aproximadamente veinticinco mil puestos de trabajo entre directos e indirectos hasta el año 2021.

Otra falsedad ampliamente difundida es que el sector minero no genera ingresos para el Estado. Si bien es cierto, los grandes números de la minería se verán en un futuro no tan lejano, es importante referirnos a los criterios emitidos por el propio gobierno nacional en que manifiestan  que el sector de mayor crecimiento y proyección en el país es el de minas y canteras. Resulta fundamental en este punto mencionar que de acuerdo a lo determinado en nuestra Constitución en su artículo 408, que el estado recibirá al menos el cincuenta por ciento del beneficio económico de los proyectos extractivos, como es el caso del sector minero. Hay que resaltar que es el propio Servicio de Rentas Internas SRI quien indica que es la provincia de Zamora Chinchipe, la que mayor crecimiento ha tenido en relación al ejercicio fiscal anterior, lo cual hace notar sin duda el gran aporte que ya viene prestando el sector minero, aún antes de haber iniciado producción.

La consulta popular del 5 de febrero y su proceso previo, nos ha llevado a notar que existe un amplio desconocimiento sobre la actividad minera industrial en el país, pero sobre todo, una alta carga ideológica inconsecuente que ha llegado a generar fuertes cuestionamientos a una industria naciente y que ha venido apostando a la consolidación de la actividad minera como un pilar fundamental del desarrollo económico del país. La minería sin duda es una actividad incomprendida que está en todas nuestras actividades diarias y que ha venido al país para quedarse y demostrar que es factible la convivencia de una industria responsable y generadora de valor con un medio ambiente debidamente protegido.

Es tarea de esta comunidad minera, y de todos aquellos inmersos de una u otra forma en la industria, el propiciar e incentivar un conocimiento profundo de la realidad de una actividad con un gran impacto positivo para la vida del país y desvirtuar en todo momento las voces y mensajes falsos de los cuales muchos lamentablemente hacen eco.

Es finalmente el gobierno el llamado a implantar un verdadero dialogo nacional en el que se permita al sector minero expresar sus criterios validos con el único objetivo de apoyar al desarrollo económico del país, mediante la generación de empleo, encadenamiento productivo, inversión extranjera, cuidado ambiental y una correcta interrelación con las comunidades, así como permitirle probar que estos principios son una realidad de coexistencia armónica.