Mediante una declaración pública, la Cámara de Minería del Ecuador advirtió que “la toma de decisiones que generen una posible inestabilidad jurídica del país, afectaría la inversión proyectada hasta el 2021, la que asciende a un monto de US$4.600 millones”. Dicho monto se comprende por: el compromiso de inversión que se ha forjado con proyectos de exploración por los cuatro siguientes años, la inversión que se obtendrá en los proyectos en fase de exploración avanzada, así como la construcción de cuatro proyectos estratégicos; adicionalmente la generación de impuestos al Estado en un monto estimado de US$1.300 millones, y la creación de empleo directo e indirecto con más de 25.000 puestos de trabajo en el mismo período.

[Te puedo interesar leer “Los principales proyectos mineros en Ecuador”]

La entidad destacó que las cifras entregadas por el propio Gobierno ecuatoriano indican que el sector de minas y canteras aportó US$717 millones en 2017 por concepto de impuestos, de los cuales el 15% corresponde a minería, según datos del Servicio de Rentas Internas. Junto con ello, la Cámara expresó que el Banco Central de Ecuador también ratificó que la minería será una de las dos actividades económicas que más aportará en 2018 a la economía del país, con un estimado de US$1.000 millones.

En ese contexto, la institución consideró que “es necesario transparentar la información sobre cómo opera la minería industrial, sus altos estándares y condicionamientos ambientales, y su aporte al desarrollo económico de las zonas en las que se encuentran ubicados los proyectos mineros y al país entero”.

En esa línea, la Cámara expresó que “hace una vez más, y ahora de manera pública, y apegándonos al decreto ejecutivo número 49, la solicitud de un espacio de diálogo amplio y permanente, el mismo que han tenido los grupos opositores a esta industria, tanto a la Presidencia de la República, como a los medios de comunicación”.

Cabe recordar que el domingo pasado se llevó a cabo un Referendo Nacional, en el que los ecuatorianos votaron a favor de la pregunta número cinco, que endurecería las restricciones a la minería al prohibirla por completo en zonas protegidas, territorios indígenas y ciudades.